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Los Ángeles (EE.UU.), 28 sep (EFE).- El colombiano Geovany Andrés Rojas, alias Araña, quien fue jefe negociador de paz de una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, se presentó este lunes en una corte federal de San Diego (California), para responder por cargos relacionados con el tráfico de drogas, tras ser extraditado la semana pasada.
Rojas fue acusado el año pasado por un gran jurado en el Distrito Sur de California, que le imputó cargos por conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo. La jueza Marilyn L. Huff le instruyó este lunes los cargos y le fijó la próxima audiencia para el 19 de octubre. Rojas, extraditado el viernes pasado, permanecerá detenido.
Según la Fiscalía de EE.UU., el colombiano conspiró para distribuir cocaína en Colombia y Ecuador, con la intención de que fuera enviada a los Estados Unidos.
Asimismo, se le acusa de proporcionar recursos económicos a personas y organizaciones que, según él sabía, participaban en actividades terroristas, según se lee en la acusación a la que tuvo acceso EFE.
La Fiscalía estadounidense asegura que Rojas actuó como portavoz y líder de Comandos de la Frontera, una organización con aproximadamente 1.000 miembros que opera en el suroeste de Colombia como parte de la Segunda Marquetalia, una organización formada por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se rearmaron y retomaron la lucha armada tras el acuerdo de paz de 2016 entre Colombia y las FARC.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a la Segunda Marquetalia como organización terrorista extranjera en diciembre de 2021.
“Bajo el liderazgo de Rojas, los Comandos de la Frontera utilizaron armas y violencia para mantener el control territorial en zonas rurales del suroeste de Colombia. Esta área, que incluye el departamento colombiano de Putumayo, es una de las principales regiones productoras de cocaína de Colombia”, se lee en la acusación.
Rojas estaba preso en Bogotá desde 2025, cuando fue detenido por una circular roja de la Interpol, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella firmó su extradición a EE.UU. el mes pasado junto con las de otros cuatro miembros de grupos armados que fueron negociadores durante los diálogos que llevó a cabo el Gobierno antecesor con el objetivo de alcanzar la llamada paz total. Si es encontrado culpable por los cargos que se le acusan enfrentaría una pena mínima obligatoria de 30 años.
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