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Conde-Pumpido afirma que el Supremo realiz� una interpretaci�n de la amnist�a…

El presidente del Constitucional propone estimar el recurso de amparo de la ex conseller Dolores Bassa.

El presidente del Tribunal Constitucional, C�ndido Conde-Pumpido, considera

El presidente del Tribunal Constitucional, C�ndido Conde-Pumpido, considera que la interpretaci�n que realiz� el Tribunal Supremo cuando rechaz� amnistiar el delito de malversaci�n de caudales p�blicos del 1-O es "manifiestamente contraria al esp�ritu y finalidad de la ley que se interpreta". As� consta en la ponencia redactada para responder al recurso de amparo de la ex consellera Dolors Bassa, que ha sido hoy repartida entre los magistrados.

En el proyecto de sentencia, donde se propone

En el proyecto de sentencia, donde se propone estimar la demanda de Bassa, Conde-Pumpido sostiene que "la interpretaci�n de la ley auspiciada por la Sala [en referencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo] conduce a una dr�stica contracci�n de las posibilidades de aplicaci�n de la amnist�a a los delitos de malversaci�n de caudales p�blicos cometidos para sufragar las consultas y el proceso independentista en Catalu�a, manifiestamente contraria al esp�ritu y finalidad de la ley que se interpreta".

La ponencia, conocida por EL MUNDO, a�ade que

La ponencia, conocida por EL MUNDO, a�ade que "no se trata, como se afirma por la propia Sala, de una interpretaci�n estricta de la Ley de amnist�a, derivada de su supuesto car�cter de ley excepcional, sino de una reducci�n teleol�gica en tanto que excluye casos comprendidos en el n�cleo de la norma".

La semana pasada, el Pleno del Tribunal Constitucional

La semana pasada, el Pleno del Tribunal Constitucional, gracias a la mayor�a progresista, decidi� revocar la interpretaci�n realizada por la Sala de lo Penal sobre la amnist�a y el delito de malversaci�n del 1-O, que excluy� borrar el desv�o de fondos llevado a cabo con prop�sito de obtener un beneficio de car�cter patrimonial.

El asunto de cabecera, es decir, el recurso

El asunto de cabecera, es decir, el recurso de amparo del ex conseller Jordi Turull, correspondi� al magistrado del sector conservador Jos� Mar�a Mac�as quien, pese a quedar en minor�a, decidi� mantener la ponencia. Tal y como inform� este peri�dico, en el citado Pleno, el presidente Conde-Pumpido avanz� que tambi�n llevar�a el pr�ximo mes de octubre al Pleno para deliberaci�n y fallo su ponencia sobre Dolors Bassa.

La misma concluye que "las resoluciones judiciales recurridas

La misma concluye que "las resoluciones judiciales recurridas no s�lo han incurrido en una interpretaci�n impredecible de los preceptos aplicables, sino que, adem�s, al apartarse de la finalidad de la Ley de amnist�a, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisi�n adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la instituci�n de la amnist�a".

La ponencia abunda en que las resoluciones judiciales

La ponencia abunda en que las resoluciones judiciales del Supremo han sido opuestas a "la finalidad de la norma" y "contrarias al reo". "La interpretaci�n judicial deba estar presidida por la ratio legis o el fin de protecci�n de la norma, lo que obliga a que la decisi�n judicial contenga una argumentaci�n que sea respetuosa con los fines perseguidos por la instituci�n de la amnist�a", pone de relieve el texto de Conde-Pumpido.

El Constitucional recuerda que la Ley de amnist�a

El Constitucional recuerda que la Ley de amnist�a "cuenta con una explicaci�n razonable de motivos en el pre�mbulo que identifica el fin constitucional al que responde, "buscar una mejora de la convivencia y de la cohesi�n social, as� como una integraci�n de las diversas sensibilidades pol�ticas, para superar, como objetivo de inter�s general, las tensiones sociales y pol�ticas generadas con el denominado proceso independentista en Catalu�a".

La corte de garant�as considera que el Supremo

La corte de garant�as considera que el Supremo vulner� el art�culo 24.1 de la Constituci�n -derecho a la tutela judicial efectiva- en relaci�n con el derecho a la representaci�n pol�tica y a la legalidad penal de los l�deres del proc�s.

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Source: El Mundo
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